La Fiscalía General de El Salvador ha acusado ante un tribunal al expresidente Carlos Mauricio Funes (2009-2014) de que en su gobierno supuestamente se desvió y lavó más de 108,5 millones de dólares de un contrato para la construcción de una represa.
Además de Funes en este caso hay otros cinco imputados: Ada Michelle Guzmán, actual pareja del exmandatario; el empresario Miguel Menéndez; el expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, José Leopoldo Samour; José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini, representantes de la empresa ASTALDI, entidad que se habría beneficiado del supuesto delito.
“En julio del 2012, después de hacer negociaciones de manera unilateral y directa, lograron anular el contrato para la construcción de la represa El Chaparral y desviar entre ellos un monto de 108,5 millones de dólares, que generaron a la empresa más de 45,2 millones”, señala el Ministerio Público salvadoreño.
Por este caso, las seis personas mencionadas han sido acusadas de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho activo.
Asimismo, esta semana se presentó otra acusación formal contra Funes por divulgar un documento secretollamado ‘Reporte de Operaciones Sospechosas’, que sirvió para investigar al fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004) por el supuesto desvío de 15 millones de dólares de los fondos entregados por el Gobierno de Taiwán (China) para ayudar a las víctimas del terremoto del 2001.
Por su parte, Funes afirma que esas acusaciones son inconsistentes, contradictorias y “sin fundamento basadas en criteriados”. El exmandatario además dice no confiar en la actual justicia salvadoreña debido a que es “un sistema podrido” y una Fiscalía General de la República “controlada por la derecha”.
