El acuerdo alcanzado por el gobierno de Danilo Medina con la Barrick Gold es un avance al lograr para el Estado Dominicano mejores condiciones de paticipación en los beneficios derivados de la explotación del oro, pero está muy lejos de satisfacer las legítimas aspiraciones de alcanzar la condición de contrato justo y acorde al marco legal y constitucional vigentes en el país.
En ese sentido es necesario puntualizar que:
1) Mantiene toda pertinencia el reclamo de un contrato justo. El oro que se extrae de pueblo viejo es propiedad exclusiva del pueblo dominicano. Lo justo es que en el contrato se establezca directamente que al Estado Domincano le corresponda por lo menos el 50 % de todo lo que se extraiga de la mina de pueblo viejo. Eso debe incluir el oro, la plata, el cobre, el zinc.
Por tanto son inaceptables todas las disposiciones contenidas en el contrato que conceden un porcentaje menor al 50% al Estado Dominicano, de la producción de los minerales de la mina de Pueblo Viejo, o que disponen la recuperación de todo o parte de lo invertido como condición para la distribución de beneficios. La empresa debe limitarse a recibir su 50% de los minerales producidos, y es asunto de la empresa su particular plan de recuperación de lo invertido. La inversión hecha por Barrick Gold en Pueblo Viejo es su aporte frente a la inversión del Estado Dominicano que está aportanto el oro y demás minerales.
2) Mantiene toda su razón el reclamo de modificar el contrato para garantizar al Estado Dominicano medios efectivos para ejercer el control y supervisión de las operaciones de la mina de Pueblo Viejo Dominicana, Corp. Esto significa estipular el libre acceso de los funcionarios y técnicos dominicanos a las instalaciones de la empresa, a los registros contables, de producción y de exportación, entre otros.
3) Mantiene toda su validez el reclamo de modificar el contrato para establecer los medios de prevencion y de sostenibilidad ambiental en la zona, proteger la vida humana, la produccion agropecuaria, la flora y fauna. En ese sentido, el contrato debe adecuarse a las disposiciones constitucionales y legales vigentes en el país relativas al medio ambiente así como a la supervisión de la Secretaría de medio ambiente. La empresa debe asumir las inversiones que fueren necesarias a estos fines como parte de los costos de explotación de los minerales de Pueblo Viejo.
4) Mantiene toda su justeza el reclamo del pago por el uso del agua, que en el contrato es gratuita para la empresa, así como la necesidad del adecuado tratamiento para su devolución sin contaminación a su curso natural.
Estas deben ser las condiciones y exigencias del Estado Dominicano para explotar la mina de Pueblo Viejo, y si la Barrick Gold no estuviera en condiciones de satisfacerlas, entonces que se vaya, que a nosotros nos conviene más quedarnos con nuestro oro, y sin el daño ambiental y para la vida humana que supone su explotación en las condiciones del contrato actual.
Por último, hay que exigir del gobierno de Danilo Medina el nombramiento de una Comisión de la Verdad, integrada por hombres y mujeres públicos de reconocida solvencia moral y profesional, para hacer una exhaustiva investigación que explique lo que se oculta y que motivó que el expresidente Leonel Fernández auspiciara e instruyera a los legisladores de su partido a aprobar, en condiciones tan lesivas al interés nacional, las enmiendas al contrato con la Barrick Gold. No olvimos que la institucionalidad democrática se consolida con la transparencia y con el establecimiento de las debidas responsabilidades y consecuencias.
