Grupos de defensa de los inmigrantes criticaron el anuncio del Gobierno de EE.UU. de no renovar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los haitianos al considerar que el país caribeño no está preparado para esta decisión.
“Decir que Haití está en condiciones para poder recibir a decenas de miles de personas es simplemente vivir en una realidad política alterna”, dijo a Efe el portavoz de la organización America’s Voice, José Dante Parra.
En su opinión, Haití no está en condiciones de recibir a los 58.706 beneficiarios de este amparo migratorio que viven en el país y que recibieron el TPS después del catastrófico terremoto sufrido en 2010 y que provocó unas 300.000 muertes y desplazó a un millón y medio de habitantes.
El Gobierno de Donald Trump anunció este lunes el fin del TPS para Haití y dio un margen de 18 meses a sus beneficiarios para que regresen a su país o se busquen una alternativa a partir del 22 de julio de 2019.
Esta decisión “desgarra a innumerables familias”, según Marleine Bastien, directora ejecutiva de Fanm Ayisyen Nan Miyami (Mujeres haitianas de Miami).
Bastien instó al Congreso a considerar “la inestabilidad regional que se produciría al enviar a un número tan grande de personas” de regreso al país más pobre de hemisferio occidental.
Por ello, les pidió que, antes de julio de 2019, aprueben una ley que les dé un estatus migratorio permanente para así reconocer las contribuciones de los beneficiarios haitianos del TPS a EE.UU.
El Congreso “debería aprovechar este momento para aprobar una solución permanente que les dé un camino hacia la residencia permanente y, finalmente, la ciudadanía”, indicó.
De esta forma se evitaría un nuevo “desastre” en el país, que, tal y como indicó Parra, ha sufrido tres huracanes que en los últimos dos años, así como una epidemia de cólera.
“Reenviar a los haitianos a su país de origen es incitar otro desastre, ya sea por cuestiones de hambruna o de orden público”, lamentó Parra, quien manifestó que el país caribeño “definitivamente” no cumple con los requisitos “seguridad y de recuperación de desastres naturales” para que el TPS se rescinda.
Según el activista, la opción que les queda está en la “vía legislativa”, en la que ya se han presentado un par de proyectos de ley.
“Ojalá el Partido Republicano, que tiene la mayoría en el Congreso, deje llevar a votación estos proyectos de ley, para que se dé una solución permanente a estas personas”, declaró Parra, quien aseguró que la deportación de los más de 58.000 haitianos supondría una pérdida económica “muy grande” para EE.UU.
En ese sentido, indicó, solo en el estado de Florida, la comunidad haitiana aporta unos 1.200 millones de dólares anuales al PIB estatal.
La decisión de poner fin al TPS para Haití llega apenas dos semanas después de que EE.UU. también lo decidiera con Nicaragua, al que están acogidos 5.349 inmigrantes, a los que dio, en ese caso, 12 meses para preparar su regreso antes del 5 de enero de 2019.
En los próximos meses el Gobierno de EE.UU. deberá pronunciarse además sobre el TPS a 86.000 hondureños y 263.000 salvadoreños, según los últimos datos oficiales disponibles, de finales de 2016.
