Las asociaciones de Mayoristas en Provisiones de Santiago ciudad (Amaprosan) y de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) muestran preocupación por el impacto negativo, que generaría a esos sectores, la modificación de la Ley 225-20 sobre residuos sólidos, planteada por los legisladores.
En un llamado a la opinión pública, la ciudadanía y al presidente de la República, Luis Abinader Corona, los mayoristas en provisiones de aquí, representados por Mario Abreu, dicen que dicha modificación marcaría la desaparición de muchos comerciantes, imposibilitados a cubrir nuevas cargas.
Debido a las bajas utilidades que generan y traería una inflación desproporcionada en los productos de primera necesidad, incentivando la informalidad, en perjuicio del desarrollo del país, además de confrontaciones entre sectores.
“En una sociedad que requiere que todos marchemos en la misma dirección, hacia un desarrollo sostenible, principal objetivo de este gobierno” dijo el comerciante.
Mario Abreu expresó que el sector mayoristas en provisiones ha sido aliado de todas las políticas públicas de las presentes autoridades y les conforta saber, que esta medida no cuenta con el apoyo del primer mandatario.
“De ratificarse está aprobación hecha en el Senado de la República, el comercio mayorista en provisiones recibirá una estocada mortal, que sin dudas marcaría la desaparición total de todos aquellos que estamos formalizados”, expresó Abreu.
Además, de que la población consumidora sería afectada inmisericordemente por las elevadas alzas que se producirán en los productos que trabajamos de primera necesidad, elevamos un grito de desesperación , implorando su intervención para que esa modificación sea retirada y así evitar el colapso de este sector que juega un papel preponderante en el control inflacionario de los productos consumidos en cada hogar dominicano, el comercio mayorista en provisiones del país dice no a este atropello ” enfatizó Abreu.
Abreu dijo que ante estas medidas el sector se vería en la necesidad de asumir su defensa y derecho a la subsistencia, usando todos los mecanismos de lucha que no violenten las leyes dominicanas, tales como cierre de negocios, marchas, caminatas, entre otras manifestaciones.
Abreu recordó que las utilidades netas de su sector son de 1.5% y en el mejor de los casos, un 2%, beneficios que a su vez son utilizados para financiar, sin ningún costo, a los colmaderos y pequeños empresarios de esta cadena.
