A 2,315 se elevaron los reportes recibidos de abuso sexual y violencia infantil en el país en el primer cuatrimestre de este año, y a 455 las víctimas referidas al Centro de Atención Integral para Niños, Niñas y Adolescentes y sus Familiares (CAINNAF).
De acuerdo con estadísticas dadas a conocer por el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia , Santiago, San Pedro de Macorís y Barahona son las demarcaciones donde más hechos de esa naturaleza se reportaron en enero-abril de 2016.
El funcionario consideró que el abuso infantil es un serio problema en el país que requiere una mayor participación y esfuerzo del Estado, dado el ámbito donde ocurren y la vulnerabilidad de las víctimas.
“Yo creo que en estos momentos es prudente que el Ministerio de Salud Pública reitere su circular recordándole a todos los actores dentro del sector salud, en todas las provincias, que en cada caso que se observe abuso sexual o abuso físico contra un menor tienen que reportarlo, como obliga la Ley 136-03 sobre protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y esto les corresponde a pediatras y a médicos en sentido general”, dijo..
Información es “vital”. Afirmó que para el Ministerio Público poder ser más eficiente en la persecución del delito de abuso infantil es “vital” la información de médicos que tratan esos casos.
El procurador apeló también a los profesores de escuelas públicas, de quienes dijo han tenido mucha colaboración comunicando a a fiscales cuando un niño llega golpeado o abusado, o tienen conocimiento de que eso ha ocurrido.
También pidió la colaboración de los vecinos cercanos a la víctima, señalando que “muchas veces los propios familiares no quieren hacer la denuncia”.
Fiscalías barriales. Les recordó que para eso existen las fiscalías barriales, las Unidades de Atención a Víctimas y los Tribunales de Menores. Domínguez Brito recordó que aunque hay excepciones, la mayoría de abusos contra los menores ocurre en el ambiente familiar, “tíos, primos, padrastros”, lo que va ligado a la escolaridad y a dificultades emocionales de los actores.
“En muchos casos, madres adolescentes sin la debida madurez, y el hacinamiento en que generalmente viven niñas de 11 y 12 años en la misma situación de vulnerabilidad de la pobreza, provoca el abuso sexual: alguien con dinero que pueda hacer ofertas, propuestas y regalos, y todo eso contribuye”, agregó.
Sistema judicial es coherente. Resaltó que a pesar de todas las debilidades del sector justicia, en el tema del abuso infantil “ha habido fortaleza y coherencia, tanto en jueces como en fiscales”, de que no haya tolerancia y que esos casos sean sancionados drásticamente.
“Hasta ahora lo que hemos visto en las decisiones judiciales es mucha responsabilidad de los jueces, e igual para el Ministerio Público esta es una prioridad, pero es básica la información”, puntualizó.
El procurador Domínguez Brito reaccionó con sus declaraciones a una serie de reportajes que sobre el tema publica Hoy.
