SANTO DOMINGO. Para los abogados penalistas Ángel Moneró y Edison Joel Peña, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha sido errático en su accionar para encausar a los 14 imputados de recibir sobornos de parte de la empresa brasilera Odebrecht.
“La investigación del procurador me parece muy errática, no es sensato, no es inteligente”, comenta Moneró y cita: “Diligenciar órdenes de arresto contra personas que ya comparecieron todas, porque en esta fase el Ministerio Público puede obtener, inclusive, declaraciones que se conviertan en reveladoras de los mismos imputados, pero si crea una relación de choque, conculcándoles derechos sin necesidad, por complacer situaciones populares de gente que tiene el derecho a manifestarse pero no tiene conciencia técnica, si se le complace, se quebranta la norma”.
Cuestiona también que, a la fecha, no se ha visto ninguna medida de coerción real que procure asegurar posibles decomisos de bienes para que el Estado reciba alguna compensación, por tratarse de delitos económicos.
Advierte que, al no tomar medidas cautelares, se corre el riesgo de se puedan disimular capitales, que se enmarañe el camino que tiene el Ministerio Público para llegar a las informaciones y que se destruyan pruebas y se alargue el entramado de testaferros.
Para Moneró es poco profesional la frase del procurador Rodríguez cuando declaró, el día en que presentó la acusación contra los sometidos por el caso Odebrecht, que “están todos los que son y son todos los que están”.
“Si la investigación sigue abierta puede provocar encartamiento de otros ciudadanos. Y el Ministerio Público tiene la potestad de hacerlo, no así el juez de instrucción, que no es más que un contralor y que no puede hacer más de lo que le pide el Ministerio Público”, explica.
También entiende que, por la manera en que el Ministerio Público ha abordado la investigación, el proceso “va para largo”. Considera que la forma en que se conlleva la medida de coerción, entendida como una cuestión de horas pero que lleva ya varios días, las investigaciones y su discusión en los tribunales será un proceso largo.
De su lado, Peña critica que el proceso que lleva a cabo la Procuraduría ha tomado una velocidad muy alta a último momento, y que esto se evidencia en la forma en que se presentó la acusación ante el juez especial, que ha motivado el otorgamiento de plazos para notificar pruebas.
