Según declaraciones del abogado defensor de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, iniciarán mañana los trámites legales correspondientes para se les otorgue su libertad, luego que el tribunal le impusiera garantía de 50 millones de pesos, como medida de coerción.
Estos están acusados de homicidio involuntario, por el desplome del techo del club nocturno Jet Set que cobró la vida de 236 personas.
“En el día de hoy la oficina de la procuradora fiscal está cerrada para los trámites administrativos, lo cual entiendo que ese trámite se agotará el día de mañana, si Dios quiere”, explicó Jorge Luis Polanco.
Argumentó que la jueza Fátima Veloz no encontró riesgo de fuga u obstaculización en la investigación, para determinar si era necesario o no el estado de prisión preventiva, mientras se agotaba la fase de investigación.
La medida fue impuesta el día de ayer por el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional tras 12 horas de litigación y una garantía económica de RD$50 millones como medida de coerción, además de impedimento de salida y presentación periódica en el tribunal.
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El jurista agregó que conversó con Antonio Espaillat, quien está de acuerdo con la decisión tomada, porque responde a los presupuestos planteados y que se encuentra “deseoso de poder incorporarse a sus empresas”, como también de estar al frente en sus ocupaciones y responsabilidades familiares.
Compensación económica
En cuanto a la compensación económica para las familias de los afectados, lo calificó como un acuerdo para conciliar esta etapa que adolece a todos los afectados.
“Es una tragedia que impacta no solamente en términos físicos, sino psicológico, mental y laboral, muchos elementos, y eso hay que trabajarlo por etapa. Esos acuerdos permiten conciliar una etapa. Luego hay que pasar con la parte personal individual para ir sanando, tú entiendes, ir recuperando los efectos de lo que significa esta tragedia”, expresó.
Sobre la decisión del Ministerio Público de apelar a la coerción impuesta, respondió que es un derecho conferido a la institución y debe hacer uso de ese recurso.
“Ese es un derecho que la propia resolución ha establecido y que las leyes le confieren a esa institución para si los considera de lugar proceder a hacer ese recurso”, sostuvo.
