Por Ramón Antonio Veras.
Porque la sociedad dominicana sana le ha dado seguimiento al proceso judicial del caso de mi hijo Jordi, creo conveniente que conozcan el padecimiento de nuestra familia una vez el asunto llegó a los tribunales.
1.- El día 2 de junio de 2010, Jordi Veras Rodríguez fue objeto de una tentativa de asesinato, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Luego de investigaciones policiales y judiciales, el día 4 de noviembre de 2010, se comprobó que los responsables de la acción criminal en la modalidad de sicariato, son los señores Adriano Rafael Román Román, Francisco Alberto Carela Castro, Engels Manuel Carela Castro, Franklyn Reynoso Moronta, Roberto Zabala Espinosa, Candy Caminero Rodríguez y Arturo Ferreras del Castillo.
2.- He aquí la forma como el imputado Adriano Román, secundado por los demás imputados, asistidos por los defensores públicos, ha estado maniobrando con el cambio de abogados en procura de eternizar el proceso:
3.- En la audiencia de medida de coerción, Adriano Román fue representado por los defensores públicos Laura Rodríguez y Pablo Santos, a los cuales luego retiró.
4.- Después de proceder a la separación de los defensores públicos, ya señalados, inició teniendo como abogados a Félix Olivares y Fidias Santiago, a los cuales despidió en audiencia; posteriormente contrató a Bolívar De La Hoz, a quien retiró para contratar a Tomás Castro; después de despedir a Tomás Castro, Román contrató, finalmente, a Amín Abel Reynoso Brito. Además, durante la audiencia preliminar del caso de Jordi Veras, se conoció una solicitud de cambio de régimen interpuesta en el asunto de Miguelina Llaverías, en esa oportunidad Adriano Román fue representado por el Licenciado José Hiciano.
5.- En la jurisdicción de instrucción, el proceso fue objeto de 14 aplazamientos, durante 10 meses, por motivos de reenvíos provocados por los imputados, encabezados por Adriano Rafael Román Román.
6.- En la instancia judicial antes citada, los imputados Engels Manuel Carela Castro, Roberto Zabala Espinosa y Arturo Ferreras del Castillo, asistidos por sus defensores público, hicieron causa común con Adriano Román para prolongar el proceso que tuvo una duración de 10 meses y 14 reenvíos.
7.- El día 4 de enero de 2013, ante la jurisdicción de juicio, donde se conoce actualmente el asunto, ya se han celebrado tres audiencias sin poder dar inicio al mismo, por las maniobras dilatorias de los imputados bajo la orientación de Adriano Román, como se evidencia por lo siguiente.
8.- En la primera audiencia, efectuada el 4 de enero de 2013, se presentó como abogado privado de Adriano Román, el Licenciado Amín Abel Reynoso Brito, y solicitó al tribunal que, como su apoderamiento era reciente, le permitieran un plazo para poder estudiar el expediente. Ese pedimento fue refrendado por los defensores públicos de los demás imputados.
9.- La aludida audiencia fue aplazada para el 22 de febrero de 2013, en cuya ocasión, Adriano Román manifestó al tribunal que el Licenciado Amín Reynoso, ya no era su abogado; y solicitó que se le otorgara un plazo para contratar un nuevo abogado privado, petición que fue secundada por los defensores públicos de los otros imputados. El tribunal decidió aplazar nueva vez el asunto, dándole un plazo de 10 días a Adriano Román para que contratase un abogado de su elección, lo informara al tribunal, y que, al vencimiento del indicado plazo, sin que Adriano Román diera comunicación del abogado elegido, su expediente sería remitido a la defensoría pública. El caso fue fijado, por la misma decisión, para el 19 de abril de 2013.
10.- Habiendo vencido el plazo de 10 días y acatando la decisión del 22 de febrero de 2013, el Despacho Común, notificó el asunto en fecha 12 de marzo de 2013, ala Defensoría Pública, la cual, en un principio, se negó a recibirlo, so pretexto de que no estaban anexas las copias correspondientes al expediente, pero posteriormente decidió acogerlo.
11.- Una vez vencido el plazo de los 10 días que le fue concedido, Adriano Román dirigió una instancia al tribunal solicitándole que, por no haber podido contratar un nuevo abogado, necesitaba una extensión de dicho plazo para poder hacerlo. A esta solicitud de Adriano Román, el tribunal respondió otorgándole la extensión del plazo, con la advertencia de que su abogado privado anterior (Lic. Amín Reynoso) no podía abandonar su representación hasta tanto entrara el reemplazo; y que, no obstante poder elegir representación legal privada, la defensoría pública debía estar en condiciones de representarlo el 19 de abril de 2013.
12.- Esa decisión fue notificada a todas las partes, incluyendo a la Defensoría Pública.
13.- En la audiencia del 19 de abril de 2013, Adriano Román se presentó con su antiguo abogado privado, quien le manifestó al plenario que ya había sido desapoderado por Román. Ante esta situación, el tribunal decidió recesar 15 minutos a los fines de que la Defensoría Pública convocara al defensor asignado, Lic. Isaías Pérez Brito.
14.- Reanudada la audiencia, y ya presente el Lic. Isaías Pérez Brito, éste le expuso al tribunal que solamente tenía 20 días de que le fuera asignado el expediente, y que necesitaba un plazo mayor para poder estar en condiciones de defender a Adriano Román. A este pedimento se opusieron tanto el Ministerio Público como la víctima.
15.- A la solicitud del defensor público de Adriano Román, dieron su asentimiento los demás defensores públicos, así como los defensores privados de los coimputados Candy Caminero y Franklyn Reynoso.
16.- El tribunal decidió, finalmente, aplazar nuevamente el conocimiento del proceso para el día 28 de junio de 2013.
17.- Luego de éste rosario de maniobras para dilatar el proceso, cada familia dominicana debe colocarse en la situación por la que ha transitado la nuestra desde el 2 de junio de 2010; de seguro que se va a sentir bajo un estado permanente de indignación, y con la creencia de que la sociedad dominicana está arrodillada ante el crimen organizado.
18.- Si no fuera porque estoy convencido de que la situación del país no puede seguir como hasta ahora, y que esto tiene que cambiar para bien, me sentiría frustrado como ser humano y como dominicano; pero no, sigo con la creencia de que, más temprano que tarde, aquellos que quisieron asesinar a mi hijo Jordi serán sancionados, y así la sociedad recobrará confianza de seguridad y justicia.
