Con gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de cañones de agua, los cuerpos de seguridad reprimieron a decenas de miles de opositores que marcharon este jueves en la capital venezolana en rechazo al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que enfrenta tensiones políticas en medio de una severa crisis económica.
El choque entre manifestantes y cuerpos de seguridad se produjo luego de que la Guardia Nacional y la Policía Nacional les cerraran el paso y dispararan granadas de gas y balas de goma para dispersarlos.
Varios miles de opositores se mantuvieron resistiendo en la vía, pese a que las autoridades los atacaban. Algunos de ellos tenían los rostros cubiertos con tela y le devolvían a los guardias y policías las granadas y les lanzaban objetos contundentes.
Los manifestantes tenían previsto marchar hasta la sede del Defensoría del Pueblo para exigir a esa institución la apertura del proceso de remoción de los siete magistrados del máximo Tribunal que emitieron las dos sentencias contra el Legislativo. La decisión de realizar la movilización hasta la Defensoría fue anunciada minutos antes por varios dirigentes opositores ante la muchedumbre concentrada en un tramo de la principal autopista de Caracas. Inicialmente estuvo planteado realizar únicamente la concentración.
Previamente al grito de “¡fuera dictador!” miles de manifestantes que portaban banderas venezolanas y de los diferentes partidos opositores desbordaron algunas vías de Caracas en una nueva jornada de protestas -que incluyo otras del interior del país- que se ha extendido por más de una semana en rechazo a las sentencias del máximo Tribunal contra la Asamblea Nacional, que a pesar de que fueron revertidas continúan generando tensión.
“Lo que nos queda es resistir y luchar en las calles para enfrentar esta dictadura. No hay poderes que nos escuchen porque todos están controlados por el gobierno. No tenemos más opción que la calle”, afirmó a The Associated Press Ricardo Machado, un ingeniero agrónomo de 61 años, mientras marchaba por la autopista principal de Caracas.
Levantando un cartel que decía “fuera la dictadura”, Luis Ignacio Ruíz, un sociólogo de 72 años, salió junto con su esposa a marchar. “Somos mayoría y es importante que el mundo lo sepa. Ya la mayoría no quiere a este gobierno que nos tiene postrados pasando necesidades”, aseguró Ruíz a la AP.
En respuesta a la acción opositora, varios centenares de empleados públicos y seguidores del gobierno salieron a marcha en el centro de Caracas.
Horas antes del inicio de las movilizaciones, las autoridades cerraron 14 estaciones del metro por razones de seguridad, lo que obligó a centenares de personas a caminar trayectos largos para llegar a sus trabajos.
Las principales autopistas que comunican el oeste y este del país con la capital se vieron limitadas por fuertes congestionamientos de vehículos generados por los puestos de vigilancia que instalaron las autoridades.
El dirigente opositor Henrique Capriles llamó a los venezolanos a unirse a la lucha por la “vigencia de la constitución” y para enfrentar al gobierno de Maduro, que aseguró que entró en una “dictadura”.
Capriles dijo en una entrevista con la emisora Unión Radio que ante la suspensión de los procesos electorales la oposición entró en una nueva etapa que implica la lucha desde las calles para recuperar la democracia y restablecer las competencias del Congreso, que el Tribunal Supremo de Justicia ha limitado con más de medio centenar de sentencias dictadas en los últimos 15 meses.
El líder del oficialismo, el diputado Diosdado Cabello, denunció la noche del miércoles que las movilizaciones forman parte de un plan que busca impulsar acciones violentas en las calles y hacer “insostenible” la situación para policías, militares, jueces y magistrados. Cabello dijo en su programa que difunde la televisora estatal que el plan contempla atacar las sedes del Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, señalados de estar controlados por el oficialismo.
El diputado difundió la grabación de una supuesta conversación telefónica entre un presunto agente encubierto y el dirigente socialcristiano Eduardo Vetancourt, en la que hablaban de planes desestabilizadores para marzo y abril. El supuesto complot contaría con el apoyo de representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos.
