Pese a los esfuerzos que han hecho los productores nacionales de leche con financiamientos de entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para mejorar la cadena de producción de lácteos, un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), afirma que el 70% de la leche producida en las fincas dominicanas no es apta para el procesamiento industrial.
La Cepal, a través del informe “Fortalecimiento de la cadena de valor de los lácteos en la República Dominicana”, establece que esta realidad ocasiona un gran desequilibrio entre las necesidades de venta de los productores y la demanda de abastecimiento de la mediana y la gran industria nacional. El estudio explica que el mejoramiento de la ganadería bovina lechera del país ha tenido relativa falta de continuidad en relación con el tipo de ganado más conveniente, lo que dificulta garantizar una producción de calidad y sostenible.
Debido a que la mayor parte de la producción de leche del país se sustenta en la ganadería familiar (90%), constituida por pequeños ganaderos con menos de 50 cabezas de ganado, de los cuales el 65.5% opera con menos de 10 cabezas, los mismos solo cuentan con tecnología muy elemental en sus fincas para operar.
Según el documento de la Cepal, el manejo del ganado es deficiente por la falta de capacitación de los ganaderos e indica que existe cierto descuido en la rotación de potreros, alimentación, separación de los animales y el manejo de becerros. Destaca que la edad promedio de los ganaderos es muy avanzada y los jóvenes no muestran interés en la actividad, a pesar de que genera ingresos para las familias rurales.
El informe evidencia que los ganaderos del país no cuentan con bancos de forrajes y que es común el uso de forrajes viejos no mejorados. Afirma que algunos alimentan su ganado con gallinaza (estiércol de gallina preparado para ser utilizado en la industria ganadera o en la industria agropecuaria), lo cual se resalta que está prohibido por la ley y es rechazado por las empresas procesadoras industriales.
