El Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica como medidas de coerción, contra tres miembros del colegio Da Vinci, y dejó en libertad a una de las cuatro presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, mientras se encontraba en una excursión escolar.
La presentación periódica y la garantía económica fueron impuestas a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
En tanto que, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo, fue dejada en libertad, debido a que el tribunal entendió que no se depositó ninguna prueba que conectara a la señora con los hechos.
Además, debido a que los arraigos presentados, que incluyen el hecho de que esta no estuvo presente en la hacienda al momento del deceso de Stephora, impedían colocarle una medida de coerción, según explicó su abogada María del Pilar Zuleta.
La magistrada Olga Diná, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), aseguró que el Ministerio Público no se encuentra conforme con la decisión del tribunal, por lo que interpondrán un recurso de apelación.
Asimismo, los abogados de la familia de Stephora, manifestaron no estar de acuerdo con la decisión del tribunal, sin embargo, establecen que la respetan, ya que la jueza entendió que los verdaderos responsables no fueron incluidos por el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción.
Se recuerda que la primera audiencia pautada para este pasado martes fue aplazada por el tribunal para que los abogados de la víctima pudieran hacer el depósito de unos documentos necesarios para preparar su defensa, según la magistrada Olga Diná.
En tanto que los abogados de la familia de Stephora indicaron que esta primera audiencia fue pospuesta con el fin de que se notificara formalmente a la madre de la menor para asistir, y también para que la defensa pudiera conocer el expediente que les fue entregado este lunes, pasadas las 4:00 p. m.
El Ministerio Público imputa a las empleadas del colegio bajo la calificación jurídica de homicidio involuntario y negligencia.
