“El trabajo ilegal de trata y tráfico de menores de edad para explotarlos sexualmente se realiza en cadena, varias personas participan y cada una de ellas tiene una misión que cumplir, siendo la primera identificar familias de escasos recursos”, explica la coronel Francia Hernández, encargada del Departamento de Control Migratorio e Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
En el segundo paso que realizan los delincuentes, que es el proceso de captación de menores de edad, de acuerdo con la coronel Hernández, los infractores de las leyes en muchas ocasiones adiestran a otro infante para que capte a los demás.
“Aunque también existen los casos de personas adultas que son las que se dirigen a los barrios donde residen familias de escasos recursos para captar a los y las menores”, expresa Hernández.
Principales infractores
La encarga del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional precisa que la mayoría de los casos que han tratado los apresados son dominicanos, pero que el atractivo sigue siendo los extranjeros, porque son los que pagan en dólares y euros.
Resalta que han comprobado que muchas de las personas que fueron apresadas por el tráfico ilícito de personas o por la trata, son pedófilos, mientras que otros no padecen ninguna enfermedad, siendo su único objetivo ganar dinero.
“Hay muchos que son pedófilos, pero otros no tienen nada, simplemente ese es su negocio y tienen que ganar dinero a toda costa”, expresa Hernández.
Resistencia empeora situación
A pesar de estar siendo explotadas/os sexualmente, decenas de menores que han sido rescatados por la Policía, se niegan a recibir las ayudas para regenerarse.
“Hemos tenido niñas que han sido rescatadas más de cuatro veces y cuando llamamos a los familiares para que las vengan a buscar, no han llegado bien a su casa y ya se desaparecen nuevamente”, revela la oficial de la Policía.
Expresa que en un rescate que hicieron en la provincia de San Juan de la Maguana, varias niñas fueron llevadas al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), pero se resistían a estar ahí.
“Eso fue un dolor de cabeza terrible. Esas niñas se resistían y Conani entonces comenzaba a llamarnos al departamento y también llamaban a la fiscalía, diciendo que las menores estaban haciendo un escándalo y querían irse”, recuerda Hernández.
Dice que en una ocasión una de las menores que se resistía a recibir ayuda estaba embarazada y le reclamaba a las autoridades de Conani diciéndoles que la dejaran ir, porque era una mujer.
Hernández indica que esa situación es muy delicada, y que no es solamente en República Dominicana, también en otros países que ha visitado, donde el gran problema son las víctimas que no quieren ser asistidas. “Nosotros les ofrecemos que las vamos a reivindicar a la sociedad, que les vamos a pagar los estudios para que después puedan tener un buen trabajo y la víctima se niega a aceptar”, expresa. Precisa que otra de las grandes problemáticas es que las víctimas no aceptan su situación. “Muchas de las víctimas piensan que ese es un trabajo, se acostumbran a lo que están haciendo y consideran que los que están mal son los demás”, dice.
Las asistencias
De acuerdo con la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Estado, a través de las instituciones correspondientes, debe proteger la privacidad e identidad de la víctima de la trata de personas, previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales.
Se debe proporcionar asistencia legal a la víctima de la trata de personas, para que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen durante el proceso penal contra los delincuentes y/o traficantes.
La ley precisa que las víctimas de trata de personas recibirán atención física, psicológica y social, así como asesoramiento e información con respecto a sus derechos.
Indica que esa asistencia la proporcionarán las entidades gubernamentales en coordinación con organizaciones no gubernamentales y otros sectores sociales.
Establece que se garantizará a las víctimas de trata de personas alojamiento adecuado, atención médica, acceso a la educación, capacitación y oportunidad de empleo.
Las víctimas de trata de personas, sobre todo las mujeres, niños, niñas y adolescentes, serán objeto de evaluaciones psicológicas u otras para su protección, tomando en cuenta la edad y el sexo.
Las instituciones correspondientes estarán obligadas a desarrollar políticas, planes y programas para prevenir el delito.
