Hoy día, no se puede considerar a un país en vía de desarrollo sin tener en cuenta los aspectos de una política ambiental de desarrollo agrario, urbanístico, económico, industrial y del ecosistema. Este concepto no es novedoso, puesto que, prácticamente, todos los países, especialmente, los más desarrollados han tomado desde hace más de un siglo esta idea, como uno de sus principales proyectos para la seguridad y protección de todos sus espacios, donde la vida se constituya en uno de los principios fundamentales de desarrollo. De suerte, que la palabra medioambiente es su mayor preocupación, para la gestión gubernamental, empresarial y de servicios.
Se dice en los países europeos, los más adentrados en el problema, ya que por el tiempo de existencia han establecido esta necesidad, como una de sus mayores prioridades para que la vida de sus habitantes se convierta en una especie de cultura popular, pues desde hace cientos de años la temática de la educación ambiental, no se agota en los márgenes de un sistema educativo, estrictamente considerado. Ellos agrupan o han agrupado los más importantes conjuntos de medios educativos extrasistemáticos, por decirlo de alguna manera, además de los medios de comunicación de masa, las organizaciones ecológicas y las principales organizaciones públicas y privadas, formación cultural posicionada como la de mayor importancia para la permanencia y crecimiento del desarrollo económico, pues prácticamente la partida fundamental en cada presupuesto, ya sea público o privado, establece la política medioambiental como condición para su elaboración metodológica. El término medioambiental, con su asignada partida económica, combinada fundamentalmente con una política de exenciones impositivas, tan motivadoras, que eximen al sector empresarial y a las personas en particular, de más del 20 por ciento de sus erogaciones para beneficio a pagar como carga fiscal, pero, además, premian a todos los sectores productivos, con darle un sello de calidad que eleva su buen nombre o franquicia a categoría primera clase.
Lo importante para nuestro país, es que se rediseñe la política medioambiental, de forma tal, que todos los sectores y personas vivan y sientan una autonomía y que puedan llegar a ser una síntesis de las diversas políticas sectoriales del país. Pensamos que no es complicado hacer este cambio, puesto que hay una historia de existencia novedosa y de bienestar, principalmente, en Europa y Canadá. Somos conocedores de lo importante de una nueva legislación y una gran visión conceptual de la sociedad dominicana y de su compromiso, pero es importante también llevarla a efecto, a una práctica convincente de sus resultados positivos. Hemos visto que esta experiencia europea está ahí, con toda la información teórica y con toda una red visual del procedimiento y del desarrollo, es decir, está la praxis, como elemento existencial y como beneficio social y económico; todo el canal de la urdimbre humana, empresarial, social, política y económica.
Estamos convencidos de que una política gubernamental legislativa, no obliga; todo lo contrario, motiva e incentiva a colaborar y participar responsablemente como un compromiso personal y social con el país. Por lo cual proponemos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales que se anime a preparar, presentar y programar esta nueva remodelación y ampliación de la política gubernamental medioambiental, cuya aplicación en su proceso de desarrollo se necesita como mecanismo de ayuda; ¨un programa de educación medioambiental¨, del cual, toda la sociedad dominicana pueda tener un conocimiento y conciencia lineal, es decir, todos los estratos de la sociedad dominicana urbana y rural, comenzando por los niños y jóvenes en el sector educativo.
En la mayoría de los casos, cuando se nos somete al cumplimiento, respeto y accionar en una nueva política medioambiental, por su mayor problematicidad, se hace referencia en este contenido al aspecto sintético de la política medioambiental, para referirnos posteriormente a su mera naturaleza de prioridad como política salvadora y protectora del cumplimiento de las leyes y preceptos emanados de la misma; es, pues, una política que conecte la realidad ambiental con la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida, conexiones que situarán la defensa y la restauración del medio ambiente, en una confluencia con los principales componentes que norman la política medioambiental mundial.
Es un derecho y un deber inspirador de la política social y económica, disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, por lo cual es un derecho y deber conservarlo.
Corresponde a los poderes públicos apoyarse en la indispensable solidaridad colectiva, con la finalidad de proteger y mejorar la calidad de vida y de defender y restaurar el medio ambiente y velar por la utilización racional de todos los recursos naturales; que las sanciones penales, administrativas y civiles garanticen lo dispuesto por los poderes públicos.
Este planteamiento que ha de presidir la actividad política y legislativa de los poderes públicos supone:
Que el medio ambiente ha de conectarse necesariamente con el desarrollo económico, íntimamente condicionado por el aprovechamiento de todos los recursos naturales.
Que, a su vez, la calidad de vida implica relaciones del medio ambiente con el urbanismo y con la salud pública y la actividad cultural y educativa; con la alimentación y el vestido, etc. Es decir, con, prácticamente, todos los sectores de la política gubernamental y estatal de comunidades, municipios y provincias.
Si estas reflexiones se consideran concluyentes, sería necesario establecer que la política medioambiental, si de verdad quiere cumplirse en nuestro país, los presupuestos y mandatos constitucionales que se establezcan, necesariamente han de ser derivaciones de las políticas económicas de la ordenación territorial y urbanística, como la sanitaria, cultural, educativa, alimentaria, energética y extractiva.
Estas conclusiones plantean, a su vez, cuestiones muy trascendentales de insoslayable referencia a lo establecido sobre política ambiental, y, más correctamente, en los conceptos sobre tal política como síntesis o conjunción de otros sectores. En primer lugar, la necesidad de que existan estas políticas sectoriales, como premisa de una posterior coordinación y síntesis al enunciar la política ambiental, puesto que sin una política económica y energética, cultural, educativa, y territorial urbanística, así como también la alimentaria, sería impensable una real y efectiva política del medio ambiente.
Por otra parte, y en segundo término, vemos que tales políticas no pueden elaborarse ni aprovecharse sin una consideración de conjunto, en atención a las pautas ambientales comentadas y que desde el Estado hasta el municipio, las provincias en general, se enuncien estas ideas de política ambiental, sintetizadoras de las citadas políticas, lo cual es importante, por las tantas dificultades que en el comienzo se van encontrando.
Es también inevitable la coordinación de la política estatal con la internacional, expresada en términos regionales y globales, puesto que en atención a los múltiples aspectos supranacionales de la conservación y restauración del medio ambiente, tanto en sus aspectos económicos, sanitarios, culturales, etc, hay que considerarlos como subconjunto del macroconjunto ambiental, en el sentido que exponemos, pues por razones obvias basta con mencionar la Declaración de Estocolmo, el PNUMS, el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, FAO, la UNESCO, la OMG, la OMM (Organización Metropolitana Mundial, la OMCI (Organización Marítima Consultiva Internacional), la OIT, así como otras organizaciones regionales como el Consejo de Europa, OTAN, OCD, incluso, las de protección de las aguas y la unión internacional para la conservación de la naturaleza y sus recursos naturales.
Todo planteamiento que presentamos, expresa una idea global y sintética del contenido expuesto, como sugerencia al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se tome en cuenta a la hora de elaborar cada una de las políticas, que luego serán consensuadas, integradas y sintetizadas por la política general mundial. Esto constituiría materia para asesoramiento y hasta para facilitar medios económicos orientados a apoyar estudios y proyectos como componentes de propuestas para someterlas al Estado, y que éste establecerá acciones concretas económicas, territoriales, de extracción e hidráulicas, entre otras que se puedan llevar para convertirlas en legislación, para ser sometidas como ley o como complemento a las leyes existentes.
Toda la temática y la problemática del llamado ¨Impacto Ambiental¨ encuentra en este ámbito un marco, que no es otra cosa que un cálculo (ex ante) o (ex post), según las consideraciones y propósitos que tengan las autoridades correspondientes del país, sobre la incidencia en el ambiente circundante de acciones concretas de naturaleza industrial, agrícola, minera, urbanística, turística, etc. Esta práctica de análisis y acogida la debe presidir el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para coordinar las propuestas, y elaborar un texto definitivo, integrado por todas las partes pertinentes, para entonces, considerarse y someterse a los Poderes Legislativos y Ejecutivos .
Estas ideas deben tomarse como un aporte sano, profesional y sin fines de protagonismo; constituyen una visión sobre nuestras experiencias, dadas o recibidas en muchas partes del mundo donde hemos participado, sobre todo, en universidades y organismos educativos preocupados por el tema, lo cual nos anima a insistir en estas ideas por la necesidad de que el país no se quede atrás en lo que para el mundo es primicia.