Licdo. Rafael Narciso Vargas
Presidente del Consejo de Administración Central, Cooperativa La Altagracia, Inc.
En su reciente informe sobre el desempeño económico de la República Dominicana, el Fondo Monetario Internacional -FMI- en su propuesta de reformas aconseja a la Autoridad Monetaria supervisar más a las cooperativas de intermediación financiera como un tema pendiente para ‘’fortalecerlas’’ y llevarlas hacia normas regulatorias y contables internacionales que se aplican en el sistema bancario.
Cuando el FMI, en cumplimiento del artículo IV del año 2019, remite el informe de marras y expresa que se debe supervisar más a las cooperativas, lo hace en franco desconocimiento de que las cooperativas tienen su propio y específico régimen de derecho y que es al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo –IDECOOP- que la Ley 31/63, la Ley 127/64 y su Reglamento 623/86 le confieren la autoridad pública para regular, fiscalizar y supervisar las cooperativas del país. Con sus falencias, por falta de recursos presupuestarios, y aún con una legislación anacrónica que va a ser actualizada; el IDECOOP ha cumplido su rol y las cooperativas hacen importantes aportes al crecimiento económico y social, del que hoy se vanaglorian las autoridades monetarias y financieras, soslayando nuestra participación activa en estos indicadores.
Las principales cooperativas del país cumplen con las normas internacionales de contabilidad, información financiera y auditoría, mismas que son referenciadas por las empresas auditoras externas cuando emiten su dictamen a las cooperativas auditadas, estas firmas están registradas en el IDECOOP con acreditación para auditar las cooperativas en cumplimiento de lo que dispone el artículo 64 del Reglamento 623/86 de la Ley 127/64.
Nunca una empresa cooperativa ha afectado el presupuesto nacional, pues su régimen de interrupción de operaciones por disolución o liquidación solo afecta el patrimonio de sus asociados, al tenor de lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley 127/64. Sin embargo, las instituciones amparadas en la Ley Monetaria y Financiera, Ley 183-02, en caso de quiebra gozan del respaldo del Estado como prestamista y garante de última instancia de éstas. Es por esa razón y por trabajar con dinero del público; pues los dueños de esas empresas solo aportan el 10% de su capital patrimonial y el restante 90% lo captan de la población que no es accionista, a través de la intermediación financiera, que el Estado por medio de la Junta Monetaria los regula y la Superintendencia de Bancos los supervisa.
Para existir intermediación tiene que ser entre el público no accionista y la empresa, para luego colocar en terceros las captaciones que se derivan de la intermediación. Las cooperativas no somos de intermediación financiera; pues ninguna persona que no sea asociado puede hacer transacciones económicas o financieras con éstas. Las cooperativas forman su capital patrimonial con las aportaciones de los socios, los donativos que reciban y con los porcentajes de rendimiento que se destinen para aumentarlo (artículo 37 de la Ley 127/64).
Pretender condicionar a la opinión pública nacional con este informe del FMI para allanar el camino hacia la regulación y supervisión bancaria de las cooperativas, entra en contradicción con los trabajos instruidos por el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, al Ministro de la Presidencia, Lic. Gustavo Montalvo para articular el consenso del Código Cooperativo Dominicano con los Órganos de Integración Cooperativa y el IDECOOP, que dará paso a la transformación del IDECOOP en Superintendencia de Cooperativas, incorporando en el mismo las normas regulatorias y de supervisión necesarias, actualizadas y prudenciales para el fortalecimiento del sector cooperativo dominicano; respetando la naturaleza de economía social y solidaria que nos identifica en el contexto de la economía nacional e internacional.
El Cooperativismo Dominicano goza del respeto y respaldo de la ciudadanía. Cada día el Poder Ejecutivo incorpora nuevas cooperativa, registrando en la actualidad cerca de 1,043 empresas cooperativas con activos que superan los 234 mil millones de pesos, más de 2 millones de socios están afiliados a ellas. El 39% de la Población Económicamente Activa del país está asociada en las cooperativas. Facilitamos el acceso al crédito a todos los ciudadanos que son socios y los educamos para ser sujetos de crédito responsables. Por esto la morosidad consolidada del cooperativismo nacional está por debajo del 5% establecido en las normas internacionales. Las cooperativas de mayor volumen de operaciones y de créditos en manos de sus asociados presentan morosidad por debajo del 2%.
Al FMI que se vaya con su música a otra parte porque el cooperativismo dominicano actúa con responsabilidad, se autorregula eficientemente, tiene el acompañamiento y Supervisión del IDECOOP, es auditado por firmas auditoras independientes de altísimo prestigio y acreditación nacional y está en el proceso de modernizar su marco jurídico mediante el Código Cooperativo Dominicano, para fortalecer sus aportes al desarrollo y crecimiento del país; así como para contribuir con la generación de empleos dignos, ejercitar la responsabilidad social con nuevos indicadores, y lograr el combate efectivo a la pobreza y la exclusión social.
